Lunes, 20 de noviembre de 2017
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La autonomía y los funcionarios puros

Más allá del destino político del procurador  Cervantes y de su frustrada posibilidad de convertirse en fiscal general de la República, son muchos los puntos que deben analizarse aún para tener una visión más clara de lo que sucederá con la Nueva Fiscalía. Por una parte, como lo han señalado distintas organizaciones civiles, existe un debate sobre el diseño de la misma, un capítulo central porque de acuerdo con ello se definirá, más allá de quien la encabece, el verdadero margen de autonomía de sus ministerios públicos. Por la otra, está el perfil de quién pueda ser el nuevo fiscal.

No cabe duda de que necesitamos una fiscalía autónoma, pero también se debe analizar qué tipo de autonomía. Hay dos experiencias al respecto a los que hay que prestar atención: Brasil y Guatemala. En el país sudamericano, estamos ante los que algunos especialistas designan ya como el gobierno de los jueces. Toda la clase política, de todos los partidos, está en los hechos bajo proceso. En algunos casos existen delitos evidentes, como ocurre con lo relacionado con el caso Odebrechet, pero también se está recurriendo a los procesos penales para ajustar cuentas políticas, con una Fiscalía con un enorme poder autónomo y con jueces que ya son calificados, de acuerdo con sus casos, partidarios de una corriente política u otra.

El juez que lleva el caso contra el expresidente Lula, es conocido por perseguir a los que fueron integrantes de su gobierno o del PT y con base en ello ha forjado su carrera. Otros jueces se especializan en enjuiciar a políticos de centro derecha. Cada uno lleva su agenda y los dos últimos presidentes, Lula y Dilma Rousseff, están procesados (Dilma fue destituida) y el Presidente actual, enemigo de ellos, Michel Temer, también tiene acusaciones en su contra, lo mismo que más de la mitad de los legisladores, la mayoría de los gobernadores y los líderes de todos los partidos políticos. Los que gobiernan, ponen y quitan mandatarios y legisladores son los jueces, con una fiscalía que tiene más poder que el Ejecutivo y el legislativo y que tiene enorme facilidad para iniciar procesos contra quienes detentan cargos de elección popular. Sin duda, hay caso de corrupción, y muchos, pero ¿quién asegura que esa misma corrupción no se haya trasladado en medio de tal fagocitocis política a los mismos fiscales?

En Guatemala, se creó una Fiscalía autónoma que fue constituida y designada, para que no intervinieran los partidos, por la CIDH. Un Presidente y una vicepresidenta en funciones han terminado en la cárcel, lo mismo que muchos otros políticos de todos los partidos y hoy existe una nueva crisis porque el Presidente actual también podría ser destituido por esa misma Fiscalía que maneja el sistema de justicia y existe una lucha abierta entre ella y los poderes Ejecutivo y Legislativo. Las instituciones, cómo está ocurriendo en Brasil, están destrozadas.

Una pregunta que no es políticamente correcta, pero sí legítima: ¿cuál es el grado de autonomía que debe tener una Fiscalía o cualquiera de los organismos autónomos que hemos, con tanto ahínco, creado en todos los ámbitos por sobre las instituciones elegidas por el voto ciudadano? Debe existir un punto de equilibrio entre los organismos autónomos y el propio Estado y sus poderes constituidos, lo mismo que mecanismos de control mutuo porque de la misma forma que el poder político puede avasallar y corromperse también lo pueden hacer esos organismos autónomos cuyos integrantes no tienen que pasar por las urnas.

Eso nos lleva al otro punto: ¿cuál es el perfil de un fiscal realmente autónomo y autónomo de quién y de qué? No será Cervantes el nuevo fiscal. Muy bien. ¿Cuál será la propuesta para reemplazarlo? Para alcanzar ese nivel profesional, en un cargo que requiere experiencia política, no se puede encontrar a personajes puros, que no tengan preferencias políticas e ideológicas. Tres ejemplos: el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, David Genaro Góngora Pimentel, con una controvertida gestión, terminó trabajando con AMLO. Esta misma semana, la exministra Olga Sánchez Cordero, una mujer respetada y respetable, acaba de adherirse a la campaña de Morena. Emilio Álvarez Icaza, quien fue ombudsman capitalino y secretario de la CIDH, quien designó al controvertido grupo de expertos del caso Ayotzinapa, encabeza la fuerza Ahora y es precandidato presidencial. Los tres eran independientes y autónomos y los tres, como muchos otros de derecha, centro e izquierda, tenían y tienen aspiraciones políticas legítimas que demuestran que esos márgenes de autonomía, como todo en la vida, eran relativos.

¿Cómo se elegirá entonces al nuevo fiscal? Se dirá que con base en las mayorías que se puedan lograr en las cámaras y con el acuerdo, o no, de algunos organismos ciudadanos (que también tienen agenda política propia). Está bien, pero después de lo sucedido, luego de que se rompieron no sólo acuerdos de palabra sino también legales (el pase automático no era una ocurrencia: era un transitorio votado por todos los partidos incluido nada más y nada menos que en la Constitución), ¿qué nombre podrá reunir en torno suyo una mayoría calificada? Más aún si lo que se pretende es otorgarle a esa fiscalía mayor autonomía de la que ya contemplan las leyes.

Una Fiscalía que no es la fiscalía anticorrupción: cuando se dice que desde la fiscalía general se podrían haber ocultado o desviado investigaciones de casos de corrupción se olvida que los mismos serán atribución de otra fiscalía, de otro fiscal. Precisamente, en la reforma constitucional lo que se pretende es tener un mecanismo de equilibrio entre ambas instancias y de ellas con el poder político.

No es un argumento en contra de la autonomía, pero sí en contra de quienes todo lo quieren hacer “autónomo” y “ciudadanizar” como si en ese proceso no hubiera, en forma legítima, pero muchas veces oculta, agendas políticas tan evidentes como la de cualquier partido. El secreto no está en la autonomía, está en el equilibrio de poderes. El mismo que se vulneró alegremente durante toda esta semana en la Cámara de Diputados.