Viernes, 24 de noviembre de 2017
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¿Qué hacemos con Oaxaca y Chiapas?

Hay voces en Estados Unidos que están proponiendo un Plan Marshall para las islas del Caribe destruidas por el huracán Irma. Tienen razón: la destrucción en las mismas es tan amplia que sin un plan de reconstrucción acelerado y con amplia ayuda internacional lo que tendremos será un escenario catastrófico. No son naciones que puedan, por sí mismas, ni siquiera paliar los gravísimos problemas que les han dejado los huracanes que las han asolado en apenas unas semanas.

En Oaxaca y Chiapas necesitamos, también, una suerte de Plan Marshall. La destrucción que han tenido ambos estados trasciende la posibilidad de que puedan atender por sí mismos de los daños sufridos por el terremoto. Es verdad que su rezago es ancestral, que sus márgenes de pobreza (pobreza social, no de territorios que son ricos en muchos recursos naturales, turísticos y culturales) y la desigualdad, se hunden en el pasado de la región y el país. Pero más allá de la ayuda humanitaria y de los centros de abasto, más allá del respaldo que esos estados puedan recibir, se requiere de otra cosa: de un verdadero plan de desarrollo para ambos estados porque si no la desgracia los seguirá sometiendo una y otra vez.

No es fácil y no es la primera vez que se intenta dar una vuelta de tuerca en  la vida de ambas entidades. Después del levantamiento de 1994, también, se hicieron intentos serios, se destinaron, sobre todo a Chiapas, enormes recursos presupuestales y no pasó nada, o los avances que se dieron se revirtieron en poco tiempo. En el caso de Oaxaca, durante los años de Diódoro Carrasco hubo intentos serios de avanzar hacia una mayor modernidad en el estado, con un amplio respaldo de los gobiernos federales de Carlos Salinas y en mucha menor medida de Ernesto Zedillo. La llegada al poder de José Murat revirtió muchos de esos avances por los afanes clientelares del gobernador, que terminaron fortaleciendo todos los factores de poder corporativos que han impedido el desarrollo local, desde la tristemente célebre Sección 22 hasta los cacicazgos que controlan a muchas de las comunidades indígenas. Paradójicamente, es el hijo de José Murat, el actual gobernador Alejandro Murat, quien tiene la oportunidad y el deber de romper con ese círculo vicioso y deberá hacerlo, si es que quiere y puede, en medio de la vorágine de intervencionismo de su padre, dentro y fuera del estado. Pero es  la oportunidad personal e histórica de Alejandro de romper con el pasado.

No será fácil. Hasta ahora, la estrategia que se ha seguido es la de siempre: tratar de aplacar a los líderes de la Coordinadora (que controlan espacios mucho mayores que la sección sindical y que son los principales responsables de la desestabilización constante en que vive el estado), con concesiones, prerrogativas y dinero. Esta misma semana, pocas horas antes del sismo, hemos visto cómo esa estrategia no sirve para nada. Los grupos afines a la Coordinadora volvieron a exhibir lujo de violencia y estuvieron, incluso, a punto de provocar una tragedia disparando cohetes contra uno de los helicópteros que transportaba a la fuente presidencial.

Que se sepa, ninguno de los responsables de ese acto, que bien puede ser calificado como terrorista, está detenido y procesado. Como tampoco, por cierto, hemos visto protestas y demandas de castigo de muchas de las buenas conciencias que tanto suelen indignarse por agravios supuestos o reales a comunicadores, en mucho casos inéditos. En ese ataque pudieron haber muerto pilotos y periodistas reconocidos y que trabajan día con día cubriendo información importante para el país y ha predominado el silencio. Habrá que tomarlo en cuenta. En el respeto a la libertad de expresión y de la no violencia contra los comunicadores, las exigencias también son y, seguramente, serán en el futuro, selectivas.

Volvamos a Oaxaca. No puede haber desarrollo con caciques controlando comunidades y criminales que se dicen maestros generando una violencia impune. Existen propuestas importantes, como la de las Zonas Económicas Especiales, que precisamente se deben insertar en las comunidades más castigada por el sismo, que demandan y propician inversiones, que ofrecen beneficios fiscales y laborales, pero que serán inviables sin garantizar también seguridad y una básica paz social. Con impunidad ninguna de las dos cosas se podrán garantizar y si no hay un estricto control estatal y federal ya veremos cómo, incluso, la ayuda tras el terremoto terminará controlada por estos mismo personajes. Alejandro Murat tiene cinco años de gobierno por delante, tiene la oportunidad de romper una inercia histórica, política y familiar que acabe con ese círculo vicioso. Falta ver si puede y quiere hacerlo.

En Chiapas, la situación es similar. La diferencia es que después del levantamiento del 94 a ese estado se canalizaron miles de millones de pesos, recursos inéditos, que sirvieron de poco y nada, porque muchos funcionarios, políticos y caciques, los usaron simplemente para enriquecerse. Hubo gobernadores de todo tipo, pero la mayoría de recuerdo nefasto, como Roberto Albores (y su hijo ahora quiere ser gobernador), personajes que se robaron los recursos federales y ahora son prohombres de la oposición, políticos que han cambiado de partido como de ropa interior y la pobreza, la desigualdad y la violencia siguen ahí, aunque a veces sea en forma latente.
Manuel Velasco, quien ha hecho un esfuerzo importante en el estado, ha podido contener, pero no revertir la situación. Viene una sucesión en Chiapas donde se tendrá que elegir entre ahondar en ese pasado, castigado aún más por la tragedia natural, o buscar de una vez por todas romper con él, para asumir su futuro. Las riquezas naturales y turísticas y los proyectos de desarrollo, como la Zona Económica Especial en puerto Chiapas, pueden ser un notable motor de desarrollo. Pero para eso se necesita romper y acotar los cacicazgos y garantizar la seguridad. Si se vuelve a apostar por el pasado, si se vuelve a hacer lo mismo, se seguirán obteniendo los mismos resultados.