Domingo, 23 de julio de 2017
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Quieren un estado débil, sin instituciones

No suele ocurrir, en realidad es, prácticamente, inédito. Alejandro Martí, un hombre al que me enorgullece llamar mi amigo, dijo que está dispuesto a asumir la defensa del militar que disparó el 3 de mayo pasado a un huachicolero en Palmarito, Puebla, luego de que desde el piso, cuando ya estaba sometido, sacó una pistola y disparó por la espalda contra un militar al que mató.

Como dice Alejandro, “a la persona que (el soldado) le disparó no es un campesino: es un cuate que traía armas poderosas. Los campesinos en México son gente buena, sencilla, humilde. Este era un huachicolero, con una camioneta blindada BMW y con un arma en la mano”. Cuando uno ve ese video completo se puede observar el grado de violencia y crueldad que despliegan estos grupos contra las fuerzas de seguridad y, como agrega Alejandro, “si hacen algo resulta que son los peores y los ciudadanos, la opinión pública, Derechos Humanos y organizaciones sociales los juzgan como si fueran criminales”.

En el enfrentamiento de Palmarito, los huachicoleros pusieron como “escudos”, como venía ocurriendo desde meses atrás cada vez que se intentaba un desalojo en el llamado “triángulo rojo” de Puebla, a niños y mujeres, mientras los criminales les disparaban desde detrás de los “escudos”. El video que se difundió, originalmente editado, fue filmado por cámaras de seguridad de los criminales, distribuido por ellos, y generó innumerables reacciones contra los militares. Cuando se pudo ver completo y se observó cómo los militares eran atacados por la espalda por criminales ya reducidos, no recuerdo una sola voz que se escandalizara por esa brutal agresión. No hubo en muchos grupos ni siquiera el interés por expresar sus condolencias por los militares muertos. López Obrador, como viene haciéndolo desde hace meses, volvió a hablar de “masacres contra el pueblo”, de mandar a los militares de regreso a los cuarteles, de que se está enfrentando al pueblo contra el pueblo, una suma de tonterías y mentiras que serían intrascendentes si no provinieran de alguien que aspira, con posibilidades, a ser el próximo Presidente de la República.

Pero el problema es que es una posición compartida por muchos, no de ahora sino desde hace años. Aquellos que crearon el slogan de “la guerra de Calderón”, continúan ahora con la de Peña y con “fue el Estado”. No es verdad, más allá de errores e incluso, delitos que puedan cometer soldados, marinos o policías, lo cierto es que los agresores, los extorsionadores, los criminales, son los integrantes de estos grupos del crimen organizado que se enraízan en la sociedad por medio de la coerción y la complicidad.

Cuando se observa el caso de Colombia y se lo compara con México, una de las diferencias fundamentales es que ante una situación muy similar, la sociedad y la enorme mayoría de las fuerzas políticas colombianas, comprendieron que tenían un enemigo común y actuaron en consecuencia. El narcotráfico estaba en Colombia tanto o más enraizado que en México en términos sociales: Pablo Escobar llegó a ser diputado y aspiraba, incluso, a ser candidato presidencial. Pero fue con un enorme esfuerzo, y no sin fracasos, que finalmente se logró un frente común contra los grupos criminales. No se acabó con el narcotráfico en Colombia que sigue siendo un negocio boyante en muchas zonas de ese país, pero se acabó con los enormes espacios de impunidad que se registraban. La gente comprendió que Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela, no eran “el pueblo” sino criminales que estaban destrozando a la sociedad colombiana. Y había que tratarlos como tales.

Aquí no sólo eso no se ha entendido, sino que por el contrario, la lucha contra los grupos criminales se utiliza como un arma política y se equipara lo que sucede en México con la represión de las dictaduras de Centro y Sudamérica de los 70 y 80, para convertirla en una “guerra sucia” contra “el pueblo bueno”.

Es un insulto a las luchas que se dieron en esos países contra gobiernos brutales y es también la base de apoyo mutuo de estos grupos políticos, muchas ONG y organizaciones de derechos humanos (que de eso sólo tienen el membrete) con las criminales. Ambos se alimentan mutuamente de ese discurso que desgasta y descalifica a las fuerzas de seguridad y las instituciones, unos para llegar al poder, los otros simplemente para seguir impunemente con su negocio.

Esa visión se extiende a todo. Ahora, los que no quieren la ley de seguridad interior, muchos de ellos del Partido Acción Nacional, dicen que si se saca sería un triunfo para Osorio Chong y no quieren dárselo en periodo de predestapes. No es verdad: no quieren sacarla como no quisieron sacarla durante el gobierno de Fox, o el de Calderón, ni en los casi cinco años de Peña, porque quieren un Estado débil, sin instrumentos de control, porque simplemente se benefician de ello.

Me alegro que Alejandro Martí haya alzado su voz en el caso del soldado de Palmarito. Me preocupa que la suya, junto con unas pocas más, sean voces tan aisladas en una sociedad que está muy enojada con los gobiernos, con todos, pero que no asume, tampoco, su propia responsabilidad en esta lucha.