Martes, 24 de octubre de 2017
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Siete definiciones militares

No sé si el término correcto sea predicar en el desierto, pero algo así parecen estar haciendo las autoridades militares ante la cerrazón del Congreso (y de quienes se lo permiten) para legislar sobre seguridad interior. Es verdad que hay senadores como Roberto Gil Zuarth que tienen claridad sobre el tema y lo han expuesto públicamente, pero la enorme mayoría ha ignorado una y otra vez la demanda militar de legislar sobre ese capítulo o quiere utilizarlo como moneda de cambio.

Lunes y martes pasados pude tener una larga entrevista con el general
Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, en el programa Todo personal (Adn40 a las 21 horas). Hablamos de muchas cosas, pero me quedo con siete definiciones suyas. La primera es que en los últimos 11 años, las autoridades civiles no han creado las fuerzas policiales necesarias para garantizar la seguridad interior y cada vez más se recurre al expediente de pedir tropas que no sólo deben ocuparse de esas labores, sino también de las de seguridad pública en los estados en donde intervienen.

Destacó que se debe entender que preservar la seguridad interior, una responsabilidad militar que está establecida desde la Constitución del 17 (en realidad desde el siglo anterior, desde la Constitución de Cádiz) es diferente a la seguridad pública. La seguridad interior implica defender desde espacios territoriales hasta institucionales y hay amplias zonas del país donde la delincuencia ha desplazado a las fuerzas de seguridad locales y a las instituciones.

Y hace 11 años que persiste esa demanda. Y una y otra vez las autoridades civiles la han negado. Eso tiene relación con otro punto clave: la responsabilidad de otorgar los instrumentos para que se garantice que la seguridad interior no proviene de los militares, sino de las propias autoridades civiles, ellas son las que legalmente deben garantizarla y, por ende, construir esos instrumentos para
que el Ejército y la Marina puedan intervenir.

Un tercer punto: por todo lo anterior, es un acto de irresponsabilidad política querer “canjear” la ley de seguridad interior por la del modelo policial o por la designación de un fiscal anticorrupción o por los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral o lo que se les ocurra. La seguridad interior es una exigencia social que no tiene límites sexenales: no es “canjeable”. Incluso no lo son, sostuvo el general Cienfuegos, la ley de seguridad interior y la de formación o modelo policial. Es a partir de la seguridad interior que se establecen responsabilidades y obligaciones institucionales para
que los estados creen sus fuerzas policiales.

Un cuarto punto: las reformas instrumentadas en otros ámbitos, como la de justicia penal, necesitan la de seguridad interior para terminar de amalgamarse y ser funcionales. Un ejemplo: según la Reforma Judicial un militar no puede consignar a un delincuente, debe hacerlo un policía, pero los militares están reemplazando a policías que no son capaces de contener a la delincuencia o están cooptados por ella. Entonces cuando se detiene a alguien, incluso en flagrancia, hay que buscar un policía que lo presente. Si no aparece o lo hace alguien de la tropa se considera que se faltó al debido proceso y, entonces, ese delincuente puede quedar en libertad y además se puede procesar a ese militar por haber violado los “derechos humanos” del detenido, aunque sea un capo de la droga o un secuestrador. Por eso se necesita la ley.

Quinto punto: se ha dicho que no es una demanda social que los militares participen en tareas de seguridad y que, por lo tanto, no es necesaria la ley. El general Cienfuegos decía que no recordaba un solo caso significativo donde las autoridades estatales y mucho menos la población, pidieran que el Ejército se fuera de sus localidades. Por el contrario, la demanda es que se queden y amplíen su radio de acción.

El general Cienfuegos destacó, también, un sexto punto. Independientemente de esa realidad, soldados y marinos seguirán cumpliendo con su responsabilidad. Nunca ha dicho que se retirarán de las áreas asignadas por el Ejecutivo si no se aprueba esa u otra ley. Lo que sucede es que se les están otorgando responsabilidades sin los instrumentos adecuados para sacarlas adelante, con un costo operativo, legal e incluso de vidas alto.

Un último punto no es menor. El propio Ejército está ya al límite de sus capacidades operativas. Hoy tiene 52 mil hombres y mujeres desplegados sobre el territorio cubriendo tareas de seguridad. Son casi la cuarta parte de sus elementos y deben ser rotados, alimentados, equipados y dirigidos, con un porcentaje presupuestal que es uno de los más bajos, con mucho, de todo el continente.

Si el Ejército que es una suerte de última frontera en estos temas está al límite y no se hace nada para apoyarlo, ¿qué sucederá, nos preguntamos nosotros, cuando ese límite se rompa? ¿O, quizás, ésa es la intención política?