La siguiente historia –que fue atestiguada por no pocos juristas–, retrata, de cuerpo completo, el gusto del gobierno de López Obrador por violentar la Constitución.

Incluso, el de López Obrador es un gobierno aún más autoritario y más despótico que el de López Portillo, que ya es decir mucho.   

En la primera mitad de aquel gobierno, por ahí de 1978, en un evento público coincidieron el presidente López Portillo y el mítico maestro de la Facultad de Derecho, Alfonso Noriega, motejado cariñosamente como “El Chato Noriega”.

Al momento de saludar al maestro Noriega, el presidente López Portillo intentó un elogio tentador.

–Maestro, usted debe estar en la Corte.

Ruborizado, “El Chato” Noriega atajó de inmediato.

–No, señor presidente, por edad, la Ley me impide ser Ministro.

El profesor universitario superaba la edad exigida para ser Ministro.

Sin embargo, arrogante y con esa voz engolada que siempre lo caracterizó, el presidente López Portillo insistió.

–Maestro, ese no es problema para el presidente.

Pero el maestro soltó a bocajarro, sin dar tiempo a más interpelaciones.

–Señor presidente, no seré yo quien viole la Constitución.

Viene a cuento la historia porque ni el entonces presidente López Portillo –de probado talante autoritario–, violentó la Constitución para someter a la Corte, como lo hizo el presidente López Obrador.

Y es que el propio presidente Obrador y luego el Senado de la República, incumplieron el artículo 108 constitucional que establece que un Ministro de la Corte sólo puede renunciar “por causas graves”. 

Y en la renuncia del entonces ministro Eduardo Medina Mora nunca nadie dijo cual había sido o habían sido esas causas graves.

Pero el manoseo legal y la violación constitucional siguieron con la designación de quien hoy sustituye a Medina Mora en la Corte.

Apenas en días pasados, el Senado de la República aprobó por mayoría la propuesta presidencial para designar a Margarita Ríos-Farjat como ministra de la Corte, en sustitución del defenestrado Medina Mora.

Como saben, la hoy ministra tenía pocos meses al frente del Sistema de Administración Tributaria (SAT), a donde llegó luego que fue necesario modificar la ley respectiva, la cual incumplía.

Resulta que en el Diario Oficial del 5 de diciembre de 2018 –cinco días después de que AMLO tomó posesión–, se eliminó de la Ley del SAT el requisito de que su director o directora contaran con experiencia directiva en administración, aduanas y recaudación. 

Es decir, le hicieron un traje a la medida. Y la torpeza pronto quedó evidenciada. Pocos meses después, el SAT experimentó un desplome de la recaudación de 74 mil millones de pesos, respeto de la programado.

Aún así, por presiones de Alfonso Romo –quien impuso a Margarita Ríos-Farjat en el SAT–, la ex titular del Sistema de Administración Tributaria apareció en la terna de ministras de la Corte, enviada al Senado por el presidente Obrador.

Lo cuestionable, sin embargo, es que nadie en el Senado y menos entre los opositores se atrevió a ponderar el hecho de que Margarita Ríos-Farjat era una servidora pública “inferior jerárquica y subordinada del Ejecutivo” y que, por tanto, su propuesta en la terna de aspirantes a Ministros de la Corte violentaba el principio de “división de poderes” y, por ello, era violatoria de la Constitución.

Vale recordar que, si bien es facultad presidencial proponer al Senado la terna de donde saldrán los ministros de la Corte, también es cierto que es consustancial “a la división de poderes” que una inferior jerárquica y subordinada al Ejecutivo, no puede aspirar al cargo de Ministra de la Corte. 

Por tanto, los senadores que votaron a favor de que Margarita Ríos-Farjat ocupara una vacante en la Corte violaron la Constitución; la misma que juraron respetar y hacer respetar.

Y, claro, la legitimidad de la Ministra está viciada de origen.

Al tiempo.